Para comenzar hablar de las organizaciones activistas en torno al conflicto, específicamente de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, se realizara una descripción, teniendo en cuenta tres temas centrales: memoria y conflicto armado hacia las mujeres, organizaciones creadas entorno a ello, origen y funcionamiento de la Asociación Madres de la Candelaria; esto con el fin de definir la importancia ligada hacia la memoria e historia del conflicto armado en Colombia y así elaborar un hilo conductor de cómo ha afectado a las mujeres, que posiciones se han tomado y cuáles han sido sus intervenciones a través de organizaciones activistas.

 

La memoria y conflicto armado en nuestro país hacia las mujeres constituye un esfuerzo colectivo por recoger una memoria de las víctimas del conflicto armado, y una verdad que trata de abrir paso en el país, entre los discursos políticos, los análisis académicos o los enfoques jurídicos cuando se habla de las violaciones de derechos humanos. Entidades como la Ruta Pacifica de las Mujeres, con el fin de acumular evidencias y fuertes estrategias de solución decide crear una  Comisión de Verdad y Memoria de  las Mujeres Colombianas donde recopilaron toda la información histórica de lo que ha sido este factor en nuestra sociedad y como el estado deberá manejar dicha situación. Este esfuerzo fue parte de una búsqueda de salidas políticas al conflicto y la transformación de las condiciones de vida de la población civil afectada por la guerra. Donde ser mujer víctima y sobreviviente del conflicto armado es padecer en carne propia el sufrimiento que deja la violencia. El sin sabor, el dolor en una guerra que ha dejado innumerables víctimas, donde todos han sufrido y han experimentado enormes impactos traumáticos y pérdidas irreparables como la vida.

 

Pero cuando nos aproximamos a las lógicas de la guerra y a donde se remonta la historia, se encuentran diferencias significativas en las formas concretas en cómo han sido afectadas las mujeres. En su caso, opera de manera implacable la razón patriarcal que genera y legitima la subordinación de las mujeres. La lógica de la guerra, donde la cultura patriarcal halla su expresión más violenta en el militarismo, no hace sino profundizar el control y la dominación sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, restringiendo su libertad y autonomía, y lo hace no sólo en los escenarios propios del conflicto armado, sino en todos los espacios donde las mujeres viven, se relacionan y se movilizan.

 

No obstante, incluso en esos escenarios en los que la violencia cierra los espacios de libre expresión y movimiento de las mujeres, ellas, aun a costa de grandes sufrimientos, logran mantener rendijas de resistencia y dibujan nuevos caminos para ser y recrear los vínculos que configuran el tejido social.

 

Como memoria histórica y siguiendo lo que se vive actualmente esta entidad define que el conflicto es todo aquello que compone la violencia física, psicológica y sexual que es mayormente padecida por las mujeres víctimas del conflicto armado. Constatando a través de relatos dados por ellas, la manera recurrente en que dichas experiencias de violencia producen un sufrimiento inmenso, que abarca una multitud de momentos vividos por las mujeres como: pérdidas, renuncias, abandonos, confusión, inseguridades, miedo, humillaciones, violación, torturas y soledad, teniendo ellas que buscar la manera de solucionar su caso pues el estado no alcanza a suplir sus necesidades y en esa dimensión no soporta legalmente la mayoría de los abusos cometidos ante la violación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia.

 

Es claro según lo que ha reunido esta entidad que el acoso permanente de uno o varios actores armados sobre los caseríos y las familias, ha sido vivido por las mujeres como una amenaza constante, que las violenta y atemoriza. Logrando que dichos grupos que incursionan en sus territorios, lleguen a sus casas demanden toda suerte de servicios o peticiones impuestas por ellos, ocasionando angustia, terror e inseguridad. “Sus vidas se ven envueltas de manera abrupta en un conflicto incomprensible, que altera su vida cotidiana y destruye sus referentes”. Afirma una de sus líderes.  

 

Por otro lado la experiencia de las mujeres frente a la desaparición de personas a conllevado  a obtener experiencias mas duras y traumáticas que marcan un antes y un después en sus vidas. “Son inevitables las preguntas: ¿Dónde están…? ¿Quién les da razón…? Una de cada cuatro mujeres denunciaron la desaparición forzada de algún familiar (18.7%). Muchos relatos reflejan esta situación de vacío permanente”. Mucha mujeres recuerdan los últimos instantes en los que vieron a sus seres queridos, como una memoria vívida, un destello que les acompaña desde entonces. Afirman investigadores.

 

Delatan a demás en las investigaciones realizados por ellos que el Estado debe asumir responsabilidad frente a las víctimas no como un favor, sino como una obligación y una forma de reconocer los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación; pues el estado debe proteger y ser garante de los derechos de las mujeres, si se convierte en violador de esos derechos, comete un doble delito. El Estado debe reconocer que también es victimario y que es responsable tanto por acción como por omisión de muchas de las violaciones de derechos humanos cometidas contra las mujeres y en especial por hacer caso omiso a muchos casos denunciados por estas. La comisión verifico y concluyo que las “mujeres víctimas del conflicto armado no confían en la justicia colombiana, porque ésta ni les cree, ni les garantiza protección y seguridad. Sienten que el aparato judicial está más al servicio de los violentos, pues cuando una mujer víctima decide poner su caso en manos de la justicia, superando el miedo y la situación de inseguridad, frecuentemente es después perseguida sin que haya medidas efectivas de protección frente a quienes la amenazan, que son quienes se ven señalados en su denuncia o pueden verse afectados por ella. La verdad sobre lo que ha significado la guerra para las mujeres, no parece ser de interés para las instituciones obligadas a garantizar justicia. Para la reconstrucción de la historia, de la memoria y del tejido social, es indispensable que las voces de las mujeres víctimas se escuchen y sean creídas. Sienten que son mejor atendidos y acompañados los victimarios que las víctimas, y reclaman una respuesta a sus demandas y que sus voces sean tenidas en cuenta. Las mujeres víctimas no son solo portadoras de dolor, también tienen ideas de cómo reconstruir sus vidas que deben ser la base de la reparación. Donde el compromiso del Estado se debe reflejar en el cumplimiento de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia, así como de las leyes nacionales para erradicar y sancionar las violencias contra las mujeres, como deber indeclinable para la garantizar el derecho a la paz y a un país sin violencias”.

 

No solo es entonces lo expuesto anteriormente por dicha comisión si no que a su vez se estipula que aproximadamente el 90% de las víctimas de guerra en la actualidad son civiles, la mayoría de ellos mujeres y niños. Aunque comunidades enteras son víctimas de los conflictos armados, las mujeres y las niñas se ven particularmente afectadas debido a su condición jurídica y social y su sexo.  Frecuentemente las partes de un conflicto violan a las mujeres y utilizan estas violaciones como táctica de guerra. Otras formas de violencia contra las mujeres cometidas en los conflictos armados comprenden los asesinatos, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, la esterilización forzada y a consecuencia del conflicto armado, muchas mujeres se ven afectadas por la desaparición y secuestro forzoso de sus familiares. Entre los grupos más afectados están las mujeres indígenas y afro-colombianas, que a parte de la humillación y la violencia a las que son sometidas por el solo hecho de ser mujeres, son también víctimas de la discriminación racial y cultural que se ejerce en contra de sus comunidades.

 

Debido a que las mujeres juegan un papel vital en la vida espiritual de estos grupos, la violencia contra ellas no solo causa un dolor individual, sino que también pone en peligro a sus culturas. Casos similares a los anteriormente expuestos.

Ante esta problemática María Camila Moreno, directora del programa del ICTJ en Colombia afirma que “una de las principales labores para alcanzar la paz en Colombia es abordar la temática de las mujeres de manera adecuada e integral y adoptar enfoques diferenciales que se ajusten a las necesidades de cada uno de los grupos de mujeres que ha sufrido intensamente a causa del conflicto”.

 

La gravedad de la situación ha llevado a la Corte Constitucional del país a sentenciar que la violencia sexual cometida contra la mujer “es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado colombiano”. Sin embargo existen muy pocas denuncias por parte de las víctimas.

 

En el proceso de Justicia y Paz, en el cual los paramilitares desmovilizados optaban por penas alternativas a cambio de la confesión de todos sus crímenes, donde de los 39.546 actos confesados sólo 96 se referirían a violencia sexual. Esto demuestra que los autores de estas violaciones no reconocen o consideran que los actos de violencia sexual sean crímenes serios, ocasionando que quede en entre dicho lo expuesto por las víctimas y sus realidades.

 

Pese a la violencia cometida contra las mujeres y el sufrimiento que conlleva a la desaparición de sus familiares, estas colombianas han demostrado que no solo son víctimas, sino también agentes de cambio y activistas que luchan por la justicia, por una reforma profunda y por el regreso de sus familiares. En un país en donde las mujeres líderes son constantemente atacadas por hablar sobre estos temas, estas lideresas no han dejado de trabajar intensamente para lograr sus objetivos.

 

El ICTJ (International Center for Transitional Justice) y La Casa de la Mujer, con el apoyo de Cercapaz-GIZ, han trabajado durante los últimos dos años para promover la inclusión de mujeres en los procesos de toma de decisiones que buscan abordar su victimización dentro del conflicto y para asegurarse de que las experiencias de la mujeres en la guerra sean representadas en las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. “Dado que las mujeres representan casi la mitad del total de las víctimas del conflicto armado, y que los patrones de violencia que han vivido pueden ser diferentes a los de los hombres, su participación se hace imprescindible para que se conozcan sus experiencias, sus sugerencias y puedan influir en la implementación de la política pública que les concierne”; afirma Ana Cristina Portilla, experta en justicia de género de la oficina en Bogotá del ICTJ.

 

Dicho lo anterior, implica que las mujeres o muchos personajes lideres y voceros de quienes no tienen voz participen en la creación de organizaciones en contra del conflicto armado en Colombia; presentando un análisis y discusión antropológico sobre cómo algunos espacios territoriales y personas, adquieren una nueva configuración territorial o trato social gracias a las problemáticas y el profundo daño que los grupos armados ocasionan en cada uno de ellos. A partir de las prácticas que allí tienen lugar, ya sea de tipo ritual o coyuntura derivada del conflicto armado. Se tiene como presupuesto que si bien el conflicto y la guerra han reconfigurado de forma profunda la composición parental de las familias, la tenencia y uso de la tierra y los movimientos políticos, no es menos trascendente la influencia del conflicto y la guerra en la re-estructuración de prácticas ensambladas directamente con las estructuras culturales, organizaciones y movimientos sociales que han creado personas víctimas y resistentes al manejo que el gobierno le da a este tipo de casos.

 

El establecimiento de este orden desemboca en poder determinar cómo cada cultura o grupo social construye una representación (posición y posesión) y un imaginario (anhelo, proyección) de ese cuerpo socio-cultural de uno y del otro. Relación que permitirá a los distintos actores sociales admitir y asumir quien es persona o gente según los valores y códigos culturales o grupales. Ayudando entonces a definir el rol que desempeñaran las organizaciones o movimientos activistas quienes se dedican a una labor intensa según una línea de acción, ya sea en el campo social, político o religioso, que para este caso se busca ir en contra del conflicto.

 

Una organización activista se origina gracias a la necesidad de cambio frente a los derechos que estén siendo violados, pues los motiva la pasión y la visión de un futuro mejor. El activismo es natural en algunas personas, otras se ven obligadas a hacerlo tras haber experimentado problemas que los hirió a ellos o sus seres queridos. Sean cual sean los motivos para ser activista o crear una organización se tiene la certeza de que tienen el poder para cambiar las cosas para un bien común y social por las capacidades que desarrollan y el número de personas que encuentran en esta situación permitiendo el fortalecimiento y creación de estos grupos dispuesto a obtener respuestas.

 

Este tipo de organizaciones se afianzan cuando estalla una guerra, ya que detrás vienen invariablemente el sufrimiento y el dolor. Donde dichos conflictos son terreno abonado para violaciones en masa de derechos humanos tales como homicidios ilegítimos, tortura, desplazamiento forzado y hambre, para dar paso en ese punto a establecer alternativas de resolución y amparo a la victimas por medio de estas.

 

En conflictos de todo el mundo, los gobiernos y los grupos armados atacan a civiles sistemáticamente y cometen crímenes de guerra y terribles abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, incluso en la guerra, hay normas que todos los bandos están legalmente obligados a cumplir y que dichas organizaciones conocen. El derecho internacional humanitario, conocido también como el derecho de los conflictos armados o el derecho de la guerra, se ha elaborado para mitigar los efectos de estos conflictos. Limita los medios y métodos que se pueden utilizar en las operaciones militares y obliga a los combatientes a no atacar a la población civil ni a las personas que ya no participan en las hostilidades, como los soldados que han resultado heridos o se han entregado. El derecho internacional humanitario sólo se aplica durante el conflicto armado; el derecho de los derechos humanos se aplica tanto en la guerra como en la paz.

 

Aunque las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han aumentado su capacidad de vigilar e informar sobre los derechos humanos en situaciones de conflicto, muy pocos autores de abusos en masa contra civiles rinden cuentas de sus actos y cumplen con dichas normas. Por esto se establecen negociaciones y nuevas estrategias para soportar y apoyar a los más afectados.

 

De esta manera nacen organizaciones destacadas por su labor en Antioquia y el resto del país en pro de las mujeres víctimas del conflicto como la Asociación de Mujeres del Oriente Antioqueño (AMOR), Comunidad de Vida y Trabajo de La Balsita (Dabeiba), Asociación Provincial de victimas a ciudadanas (APROVIACI) - Marinilla, Asociación de Mujeres con Esperanza de Baranoa (ASMUEBA), Asociación de Mujeres de Villa del Mar (AVVM) – Barranquilla, Red de Mujeres de los Montes de María Bolivarenses – Bolívar, Asociación Progreso (ASOPRO) – Cauca, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Valledupar, Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia (FUNDEHUVICOL) – Magdalena, Fundación Mujeres de la Provincia, Cooperativa Multiactiva de Mujeres (COOPMUJER) - Norte de Santander, Asociación Nacional de Mujeres Víctimas de Zulia (ANMUCIC), Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Mocoa, Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Bucaramanga. Quienes en su figura de facilitadores, cuidan  que la organización mantenga su pulso y sirva para cumplir los objetivos que se ha dado hacia las personas.

 

En un blog de economía crítica y pensamiento político creado por Miguel Montanyá, se expone que una verdadera organización activista o el ser activista deben componerse de la lealtad y fidelidad. El desarrollo de ese sentido de la lealtad es lo que hace al activista u organización se mantenga con fuerza a largo plazo. Donde la organización deberá ser necesaria como palanca de movilización y crisol de conocimiento colectivo.

 

La interacción con la sociedad que supone la organización no se debe dejar perder, pues se volvería una sucesión inconexa de acciones independientes. También agrega que una organización sin causas es una fábrica de desilusión. “Si la organización pierde de vista las causas a las que se debía, acaba por apagar la ilusión de quienes la integran. Comienza a aislarse de la realidad sobre la que pretendía intervenir y sus miembros quedar abandonados a la inercia de la reciprocidad, o incluso al culto a la identidad. Se convierte en un circuito cerrado que no se renueva, y por fin, en un desguace de activistas con una organización”. Por tanto cuanto más democrática sea una organización más estrechos son los tres vínculos de fidelidad y más posibilidades tienen de reforzarse mutuamente y así alcanzar mejor los objetivos propuestos internamente como organización.

Es el caso de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de La Candelaria quienes surgen para tratar los casos de desapariciones y secuestros generados por la crisis del conflicto armado que vive hoy el país, agrupando a familiares, amigos, pero principalmente a madres de personas secuestradas y desaparecidas en las zonas del oriente antioqueño o en las regiones de Urabá, Bajo Cauca y el suroeste del departamento.

 

“La Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria inició el 19 de marzo de 1999, como protección a 56 personas, mujeres y hombres afectados por el conflicto armado, por la desaparición forzada y el desplazamiento. Actualmente 88 personas conforman este grupo y se ha convertido en un movimiento social de gran reconocimiento en el país. Con su accionar de alcance regional, cuentan con el apoyo de mujeres y organizaciones como REDEPAZ (Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra), la Corporación para la participación ciudadana (CONCIUDADANÍA), la embajada de Canadá, un grupo de abogados en Medellín, el grupo de Iniciativas de Mujeres Colombianas por la paz (IMP)”.

 

Este movimiento de ayuda a las víctimas de la violencia,  posee mucho dinamismo y busca para sus miembros conseguir una incidencia nacional. Para su financiamiento cuentan con el apoyo de asociados en diversos rincones del país. Las madres de la candelaria, han apoyado a diversas instituciones de origen público  tales como la fiscalía, y han realizado con ello un gran trabajo, haciendo valer los derechos humanos, mediante un enlace confiable y certero con las víctimas, y de este modo evitando fraudes, conduciendo a reparaciones justas como mediadores de paz.

 

Adicional a ello, las madres de esta fundación, han ido asumiendo roles humanitarios y sociales, puesto que se integran a agendas políticas, aulas de paz, audiencias privadas con paramilitares entre otras. Esta organización de mujeres afectadas, no surgió como organismo de derechos humanos, puesto que su idea comenzó a irse solidificando  a medida que fue teniendo una estructura más establecida; el movimiento, no se ha involucrado con ningún partido o ideología política específica, solo busca la ayuda a sus víctimas de una manera integral. Esto debido a que en su estructura como organismo para la sociedad civil, no figura ningún interés por ejercer algún poder político del estado ni menos como patrocinadora de ningún proyecto o campaña política.

 

Dentro de los muchos objetivos que cumple esta asociación está: el buscar los familiares desaparecidos víctimas del conflicto armado, sensibilizar al país frente a la problemática de la desaparición forzada, lograr el regreso de los desaparecidos, cuidar a las personas desplazadas y hacer posible la defensa y el  establecimiento de los diálogos de paz creados por los gobernantes. A su vez este grupo de mujeres como actividad militante, establece cumplidamente todos los miércoles a las 12:00 p.m. una cita impostergable en el atrio de la Iglesia de La Candelaria ubicada en el Parque Berrio. Llevan 6 años haciéndolo. Allí, con pancartas, fotos de sus parientes, la bandera de la Paz y una serie de estribillos alusivos a la reconciliación, expresan el rechazo a la violencia que les arrebató a sus seres queridos. En esta actividad ellas buscan ser escuchadas y atendidas como seres humanos a quienes el conflicto les arrebato su estabilidad. También comparten y hacen pública la problemática que afecta a más de seis mil personas que han sido víctimas del flagelo del secuestro y desaparición. Ana Zapata como una de las de las líderes de esta institución da cuenta que para comenzar con esta labor las mujeres y personas deben establecer una denuncia ante la fiscalía, el proceso entonces comienza cuando ellas intervienen psicológicamente, social y emocionalmente en la solicitud a los organismos del Estado para que actúen en la ejecución de acuerdos humanitarios que permitan esclarecer la situación de sus familiares asesinados o desaparecidos, se haga justicia, se llegue a la verdad y se realice la reparación a las víctimas, máxime cuando se adelantan procesos de negociación con grupos comprometidos con crímenes de lesa humanidad como el secuestro y la desaparición. En este camino nos dice que por vía judicial y administrativa le llenan los documentos a las madres, quienes confían en ellas y bajo su direccionamiento han alcanzado, la recuperación de 98 cuerpos de sus familiares, la liberación de una anciana de 74 años secuestrada por las FARC y 185 soldados y policías en el 2001 y han sido reparadas 700 mujeres, siendo reconocidas por el estado con el Premio Nacional de paz en el año 2006.

 

Como recuento histórico de como inicia esta obra podemos decir que la década de los 90 convulsionada por la violencia rural y urbana y las continuas desapariciones forzosas y secuestros en el país, ocasiono que un grupo de mujeres habitantes de Medellín, decidieran reunirse con la idea de solidarizarse en el dolor, de humanizar a sus seres queridos desaparecidos y de visibilizar el flagelo de la desaparición forzosa en Colombia. Fue entonces, cuando se realizó el primer Plantón de las Madres de la Candelaria, con el acto ya antes mencionado de reunirse semanalmente y solo luego de cuatro años después nace la asociación.

 

Otro aspecto a resaltar es que congrega a  mujeres desplazadas, familiares de secuestrados y desaparecidos, campesinos forzados a integrarse a la ciudad y, líderes de barrios periféricos, con el objeto de denunciar la violación de los derechos humanos y los hechos atroces de os cuales han sido víctimas. Mediante ello, no solo se encargan de hacer valer sus derechos sino también de otorgarle valor y sentido al pasado en su enlace con el presente en relación con el sujeto. Debido a que el sufrimiento provocado por una perdida, sea física o moral, lleva a quien lo vive a ocupar un rol distinto al ocupado antes en la sociedad.

 

A pesar de esto las Madres de la Candelaria tienen una meta fija y un gran compromiso: seguir firmes hasta que liberen al  último secuestrado, hasta que regrese el último desaparecido en Colombia y/o hasta que cese la espera de las familias por el cuerpo muerto de su ser querido asesinado.

 

En la actualidad se encuentran en negociaciones en Cuba donde Teresita Gaviria Urrego, representante legal de la organización, ha buscado ayuda internacional para beneficio directo de las madres de la candelaria. Liderando movilizaciones en los municipios donde ocurrieron las desapariciones, participación en foros y talleres sobre verdad, justicia, reparación, salidas a los diferentes municipios de Antioquia en búsqueda de los familiares desaparecidos; y a los demás departamentos. Realizando marchas masivas donde enuncian la consigna “los queremos vivos, libres y en paz”. Para así mismo trabajar en el tema de reconciliación, talleres sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en los que se habló sobre la resolución 1325 (Derechos de las mujeres).

 

Por otra parte en la reconstrucción de la memoria, la Gobernación de Antioquia ha acompañado los casos de desaparición forzada en el fortalecimiento de documentos, orientación en expedientes de casos, participación en la mesa de organizaciones de desaparición forzada departamental y apoyo a la conmemoración y reconstrucción de la memoria, esto con el fin de reconocer el papel de la memoria histórica del conflicto armado en la recuperación emocional de las víctimas, las acciones para la no repetición (garantía que se le debe prestar a las víctimas y a la sociedad de que el crimen que se perpetuó no volverá a ocurrir en el futuro), el reconocimiento de las historias personales y su tradición, y las estrategias de integración local de las víctimas del conflicto armado como parte del restablecimiento de sus derechos.

 

Igualmente la Gobernación realiza ejercicios de memoria con niños, niñas y jóvenes en las Instituciones educativas, con el enfoque de derechos, prevención y proyecto de vida. El secretario de gobierno departamental, Santiago Londoño Uribe, aseguró que “la historia nos lleva al dolor y a la violencia. Esperamos que el futuro nos lleve a la reconciliación y la esperanza" en la entrega de la distinción del Escudo de Antioquia categoría Plata a la Asociación caminos de la esperanza madres de la candelaria.

Por su parte la Alcaldía de Medellín tiene una unidad municipal de atención, y reparación a víctimas, esta cumple con el objetivo de desarrollar y hacer cumplir las políticas de protección, y la atención a las victimas procedentes del desplazamiento forzado como resultado de hechos violentos; y una reparación total para así lograr q sean sujetos sociales y tengan una normal reinserción a la sociedad; lo cual también incluye un tratamiento psicológico para a recuperación con relación a traumas que se quedan en la memoria.

En conclusión por medio de esta organización las mujeres madres de los secuestrados, víctimas del conflicto armado, encuentran en la asociación, el beneficio de obtener una esperanza para hallar a sus familiares, ya que sus pronunciamientos han sido escuchados y reconocidos; además allí reciben un constante acompañamiento psicosocial por profesionales del área mediante talleres y foros. Pues Teresita Gaviria asegura que "No solo ha sido la desaparición física de sus familiares, sino que hasta las denuncias que se presentaron en determinado momento ante la Fiscalía también han desaparecido, pues el propio jefe paramilitar Salvatore Mancuso, les revelo que ellos hacían que esas denuncias desaparecieran de los despachos judiciales”.

Finalmente en un estudio realizado por el docente Nicolás Herrera se puede concluir que los integrantes cuando se involucran en el proceso de reconstrucción de la memoria social, como un proceso que permite sanar a las víctimas de los hechos atroces que vivieron previamente y a la sociedad en general permite llegar a la apreciación de que “en el país se ha incrementado la muerte violenta, la desaparición forzada y la persecución política de mujeres que obedecen a la estrategia de amedrentamiento de quienes tienen posturas diferentes al actor armado con predominio regional”. Agregando que aunque los indicadores de criminalidad y violencia disminuyan, para una población total, se incrementan los crímenes contra los derechos humanos de las mujeres, y que por tanto hay que seguir trabajando en pro de los afectados y contra del conflicto armado contra las mujeres y hombres de nuestro país.